El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, ha dado un paso histórico en el reconocimiento de la memoria y el honor de los profesionales españoles del ferrocarril represaliados durante el franquismo y la Guerra Civil. El Ministro se ha reunido con las víctimas y sus familiares para trasladar el reconocimiento del Gobierno a una situación que hasta la fecha no había sido abordada de forma institucional.

Desde 1936 a 1977, más de 80.000 ferroviarios se vieron afectados, de los cuales más de 24.000 trabajadores fueron sancionados y 6.800 sufrieron penas que fueron desde algunos meses de prisión a cadenas perpetuas y casi un centenar de ellos fue condenado a muerte.

Durante el acto se ha descubierto una obra escultórica a cargo de los artistas Miguel A. Sánchez y Ricardo González en la Estación Puerta de Atocha de Madrid.

La represión franquista en el ferrocarril español: un caso singular

El golpe de Estado del 17 de julio de 1936 dio lugar a un proceso de represión en el ferrocarril español que, si bien compartió sus rasgos generales con el resto de las industrias españolas, presentó una naturaleza singular debido al valor estratégico que tenía en el devenir militar.

Ello explica que ya durante los primeros momentos de la propia guerra, los militares sublevados efectuasen, en aquellos lugares donde asentaron su poder, las primeras purgas. Habiéndolo preparado previamente, pusieron en marcha un proceso sistemático de información para identificar a todos los trabajadores que habían llevado a cabo actuaciones sindicales o pertenecían a sindicatos o partidos obreros. Cabe destacar que pusieron el acento en reconstruir detalladamente su comportamiento durante las primeras horas de la sublevación.

Durante estas primeras semanas aplicaron las primeras medidas represivas como fueron despidos y otros tipos de sanciones, pero también los primeros asesinatos como fue, por ejemplo, el cometido en Aranda de Duero, donde fueron fusilados cincuenta trabajadores de la compañía MZA. Todavía, hoy en día, yacen sepultados y pendientes de identificación en la llamada «Fosa de los Ferroviarios» del monte Costaján.

Las compañías ferroviarias privadas, y luego R.E.N.F.E. tras su creación en 1941, aplicaron la Ley de Responsabilidades Políticas para lo cual crearon tribunales específicos. Con los datos que reúne la investigación de Francisco Polo Muriel, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid, podemos afirmar que la depuración afectó a 82.831 profesionales, un 88% del total de las plantillas de las diferentes empresas ferroviarias. Un 26% del total resultó afectado por sanciones de diversa índole, debiéndose hacer notar que 6.782 fueron separados del servicio y despedidos y 6.500 fueron sancionados con traslado de residencia y/o servicio.

La situación más dramática fue la vivida por esos casi 6.800 trabajadores apartados y sancionados, con penas que fueron desde algunos meses de prisión a cadenas perpetuas. Casi un centenar de ellos fue condenado a muerte. Pero la depuración supuso, también, la estigmatización de una buena parte de los trabajadores, es decir, su puesta en una situación de “presunta culpabilidad” que les inhabilitaba socialmente.

Aquellos otros que se vieron obligados a abandonar el país, sufrieron dramáticos procesos de represión como el exilio o su internamiento en campos de concentración como el de Mauthausen. También, miles de presos fueron obligados a prestar trabajos forzados en la construcción de líneas ferroviarias como fue el caso del Destacamento Penal de Bustarviejo.

Las ferroviarias fueron objeto de una represión específica por su género ya que sus salarios fueron menores, se establecieron disposiciones para poder ingresar en la empresa o desempeñar determinados oficios. También fueron obligadas a coger una excedencia forzosa cuando contraían matrimonio.

Los grandes sindicatos ferroviarios, el socialista Sindicato Nacional Ferroviario y la anarquista Federación Nacional de la Industria Ferroviaria, fueron diezmados hasta el punto que pasaron de tener cerca de treinta mil afiliados cada uno a poco más de varias decenas.

A partir de la década de los sesenta las organizaciones obreras comenzaron a recuperarse y a liderar las luchas obreras, que se desencadenaron sobre todo en los talleres. Como antes, también ahora sus militantes fueron represaliados mediante encarcelamientos, despidos y numerosas sanciones.

En definitiva, los trabajadores y las organizaciones ferroviarias fueron objeto durante el franquismo de una brutal represión cuyo objetivo último fue cercenar sus derechos sindicales y políticos.

La iniciativa aprobada en los consejos de administración de Adif y Renfe tiene su origen en la última sesión del Consejo de Administración de R.E.N.F.E., celebrada en diciembre de 2004, que aprobó a instancias de los sindicatos CCOO y UGT realizar las actuaciones necesarias para reponer la memoria y el honor de los ferroviarios víctimas de la represión franquista.

Con posterioridad a este hecho, Renfe Operadora y Adif encargaron de forma conjunta a la Fundación de los Ferrocarriles Españoles un estudio sobre el proceso de depuración de los profesionales del ferrocarril, iniciado durante la Guerra Civil y que continuó durante el franquismo.

Durante 2005 y 2006 la Fundación desarrolló una fase preliminar de planificación e investigación y entre 2007 y 2011 realizó un proyecto de tratamiento documental, la elaboración de una base de datos y una serie de actuaciones de difusión en este ámbito.